COLUMNISTAS

Clero político impune

 

Por José Páramo Castro

Sorpresivo interés del clero por el destino de las leyes electorales, porque anteriormente si bien salían de la normatividad que los rige realizando proselitismo partidista desde el púlpito, las leyes que regulan los comicios los mantenían callados y al margen de dichas reformas. El silencio ha sido roto por los clérigos católicos y ahora se pronuncian abiertamente contra el Plan B de la reforma electoral, desde la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Los obispos de México expresamos nuestra preocupación por diversos señalamientos que se han hecho sobre irregularidades en el proceso legislativo y sobre el contenido de modificaciones a diversas leyes electorales”, expresó el secretario general de la CEM, Ramón Castro, quien es, a su vez, obispo de Cuernavaca.

En una posición muy clara establece que los principios que son la base de las tareas del INE no deben ser vulnerados; sin embargo, dan por asentado que, hasta la fecha, se han respetado los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad del sistema electoral.

Nadie, como en esta camada de consejeros electorales, esos principios han sido violentados en el discurso y en los hechos, a grado tal que merecieran una sanción si hubiera en México un sistema judicial apegado a derecho, pero los ministros, jueces y magistrados pertenecen a la misma burocracia dorada que se amparan con el grupo para evitar ganar menos salario que el Presidente de la República.

Esta unión perversa crea condiciones desfavorables para el desarrollo de una democracia real; sin embargo, el clero más cargado a la derecha como es el que está afiliado a la Conferencia del Episcopado Mexicano, considera que hasta el momento se han respetado estos derechos que uno por uno han sido agredidos por los actuales consejeros electorales cada vez que tienen oportunidad.

El Artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas indica que los ministros de cultos no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor de un candidato o partido político, de lo contrario se harán acreedores a una sanción. Además, no pueden oponerse a las leyes, a sus instituciones, ni agraviar los símbolos patrios.

 

 

Saben que en el momento crucial de la actual administración pueden tener la libertad total de violentar las normas que les rigen. De hecho, se ven en la obligación de realizar declaraciones y acciones de libertinaje, porque saben que cualquier frase que cuestione su conducta, de inmediato la derecha tratará de asociarla con lo sucedido en Nicaragua con los sacerdotes expulsados de su país o encarcelados, quienes también llegaron a extremos que violaron las leyes que deben conducirlos en sociedad y como todo delincuente, merece castigo.

Aunque su reino no sea de este mundo los sacerdotes católicos consideran que pueden hacer lo que les venga en gana y esta andanada de aparentes “preocupaciones”, no es más que parte de un proceso golpista para descarrilar la Cuarta Transformación.

Resulta imposible entender la mecánica mental de la derecha que al ver que los sacerdotes violan las leyes, al entrometerse en asuntos políticos, atribución restringida que es castigada con penal corporal desde hace muchos años, sea considerado como un acto de represión y de extremo autoritarismo.

Lo cierto es que violan las leyes, y en éstas se asienta que los sacerdotes que realicen proselitismo político deberán ser castigados de manera ejemplar, porque la represión es simplemente un adjetivo que disfraza mediáticamente la aplicación de la ley.

El hecho de ser sacerdotes no los exime de hacer lo que se les pega la gana, ya han gozado de fuero e impunidad históricamente a partir de su delito favorito que es la pederastia, que no se castiga ni siquiera al 10 por ciento de los violadores de niñas y niños en el mundo católico.

Los delitos de los sacerdotes católicos no pueden quedar en la impunidad en nombre de una supuesta represión. En una reacción propia de la ultraderecha se disfrazan de víctimas siendo infractores.

Las leyes que no crearon los regímenes actuales progresistas, sino las más rancias oligarquías burocráticas de México, están escritas desde hace muchos años. No es posible que ahora esas leyes sean borradas en su práctica por el simple hecho de no parecer autoritario ante una flagrante violación a las leyes.

 


 

 

 

 

 

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