Que la Suprema Corte se hunda en su propia corrupción
Por José Lima Cobos
Si nadie pone el grito en el cielo, o hace hago para que las cosas cambien y se sirva al país y a sus instituciones que existan cumplan sus funciones de manera normal y ordenada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hundirá en su propia corrupción, si como se ve nadie la para en su prepotencia y arrogancia, cuya soberbia llega al extremo de desafiar al Estado mexicano.
En el año de 2009, el presidente Felipe Calderón a resulta de los abundantes recursos que fluían en el país, como resultado de la ordeña criminal que , sin recato alguno se hacia del pozo petrolero de Cantarell, de donde se extraían cerca de tres millones de barriles diarios de crudo petrolero, las regalías a los ayuntamientos y a los gobiernos de los Estados y municipios se vieron incrementados y ante la locura de esa riqueza descomunal, se crearon múltiples organismos de carácter autónomos constitucionales para manejar recursos económicos y vino el despilfarro, pero no dejó rendija para que se llegara al saqueo y al atraco de los bienes de la nación de manera que en el Artículo 127 constitucional se estableció la regla de que “ningún servidor publico podrá recibir remuneración…por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión , mayor a la establecida para el presidente de la en el presupuesto correspondiente”.
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación —dispuesta al agandalle— dispuso que la autonomía y soberanía de Estados y municipios, les permitía disponer de esos beneficios sin mas justificación que de utilizarlos de manera irresponsable, luego entonces, se hincó el diente en el presupuesto y el que hace la regla, aplica la norma, se dispara el gasto y el gobierno rico, lleva al pueblo a la pobreza lo que aconteció de la noche a la mañana.
GUARDADITO PARA LA JUBILACIÓN
En esa fecha el actual ministro Luis María Aguilar Morales, que por cierto el año próximo se jubila —fue propuesto por Felipe Calderón para ese cargo—, pela el diente y se gesta un aumento al presupuesto del poder judicial y al crear una estructura burocrática para no resolver los problemas de fondo si no irse por el filo para acusar rezago y la necesidad de tener presupuesto, de manera los amparos se dictan para efectos, es decir crear condiciones de cada día pedir más recursos y hacer guardaditos que, aunque la ley contabilidad y de responsabilidad hacendaria no lo permite, la connivencia —que es complicidad—alimenta la corrupción que hoy aún vive este país, por más que se presuma que el delito de corrupción es grave, pero poco importa si no se aplica.
De la fecha de la reforma constitucional, hace ya quince años, los ministros de la Suprema Corte han percibido más remuneración que el Presidente de la República que se puede probar presupuestalmente, en consecuencia, ese hecho viola el Artículo 110 constitucional en relación el 127, que los sujeta al juicio político y aplicación de la ley re responsabilidades de los servidores públicos, al redundar, de acuerdo con el Artículo 7º en perjuicio de los intereses fundamentales y de su buen despacho y más de provenir de servidores públicos de alto nivel, y, en su fracción VI que dice “cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando causen perjuicios graves a la federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad , o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones y siendo, como en el caso de los once ministros de la Suprema Corte la violación sistemática o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o del distrito federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales o del distrito federal.
No se puede permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación viva en la putrefacción mas espantosa, si se está a tiempo de su limpia y purificación para que sirva a las instituciones, de ahí que condenable muera por la inacción del Estado Mexicano cuando es sencilla su solución, como es abrir el juicio de procedencia, hacer que se devuelva lo robado es esos ministros para que el futuro se porte con gallardía la toga y el birrete, y se borre esa mancha de ignominia de ese poder judicial.
Se está a tiempo , sin necesidad de llegar a los extremos del presidente Ernesto Zedillo que de un plumazo desaparece 21 ministros para crear once monstruos que ahora ponen en riesgo la estabilidad del país, cuando e juicio político o de procedencia, pondrá a cada quien en su lugar y el pueblo verá que se le reintegre que los once ministros devuelvan lo que se manera indebida han recibido.
Si el ministro Luis María Aguilar Morales tiene ocho meses guardado en su gaveta el expediente donde el gobierno federal reclama el pago de veinte mil millones de pesos de un contribuyente moroso, sencillamente y sin escándalo, que se le suspenda el presupuesto a la Suprema Corte para que sienta que no es lo mismo atrás que ancas, es decir que le haga pasar las de Caín, para que vea lo que es luchar por mantener a tan voz burocracia, con criminales remuneraciones.
Se observa una especie de perversidad extrema de parte del poder judicial , el querer agobiar al gobierno de la transformación ´para que no se alcances los beneficios del desarrollo que se pretenden lograr y en alianza con la corrupción generalizada que prevaleció en el reciente pasado se quiere que así se mantenga, pero la tenacidad de un gobierno nacido del pueblo es reclutante de manera que se va a ver de que cuero salen más correas, pero por vía de mientras ya se vio la intención de ese ministro con el proyecto que retiro donde pretende dar un golpe al Presidente de la República cuando en materia de amparo es jefe de la nación no es, ni será, autoridad responsable.
Pero el engallamiento de la meca, perversa e irrespetuosa ministra presidente Piña quedó demostrado al no rendir honores al Presidente de la República, con motivo de la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que más se puede esperar si no de continuar señalando que la corrupción se ha empoderado del poder judicial.
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