A los ministros traidores a la Nación, juicio político
Por José Lima Cobos
El presidente de la república, que es el representante único del Estado mexicano -ante el concierto de las naciones del mundo- ha señalado de manera clara, precisa y contundente, que los ministros de la suprema corte -salvo contadas excepciones- son traidores a la patria, luego entonces, apremia el juicio político para someterlos -no en su independencia y autonomía para dictar sus resoluciones- sino para que observen la Constitución general de los Estados Unidos Mexicanos, que violan de manera descarada y cínica en perjuicio del pueblo mexicano, y con la saña de la venganza, obstaculizan la obra transformadora de López Obrador, al gestar -Luis María Aguilar- un golpe jurídico para destituirlo y crear una inestabilidad en su supina ignorancia, con gran perversidad.
No es necesaria la reforma constitucional, -que es lo ideal-, para que se les elija de manera democrática por la ciudadanía -ahora son ministros de dedo presidencial- pero ante la experiencia vivida con el nombramiento de cuatro ministros de López Obrador, que abiertamente lo traicionan en el proyecto de nación que tiene en movimiento, al menos se sentaría el precedente histórico de que, aquellos que trastocan el orden jurídico, como servidores públicos, tendrán la aplicación estricta del artículo 110 que en lo que interesa dice “podrán ser sujetos de juicio político… los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, los consejeros de la judicatura federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la república, los magistrados de circuito y jueces de distrito, etc… cuyas sanciones consistirán en la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”, lo que es más que suficiente para darles un “tapa boca” ante la soberbia de agredir al presidente como se vio con la conducta de la ministra Piña cuando se conmemoró en Querétaro el aniversario de la constitución, que no respetó la investidura presidencial.
El presidente López Obrador no se ha andado por las ramas o simulando en cuanto a sus decisiones y determinaciones sociales y políticas, al reiterar que el Poder Judicial no imparte justicia en beneficio de la mayoría de los mexicanos y que actúan bajo el influyentismo de los poderosos, en concreto, “ se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia, tanto la organizada como la de cuello blanco”, de ahí la urgencia que se conozca el comportamiento de esos servidores públicos, y así como piden que se conozca el patrimonio de los militares que tienen a su cargo las obras emblemáticas de este gobierno, lo que de antemano se autorizó públicamente, los ministros tendrán que hacer lo propio y verá que “iguana masca más”, si los militares o los ministros.
El código penal federal señala en su artículo 123 en que consiste la traición a la patria, al precisar que los que realizan actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación con la finalidad de someterla a una persona, grupo o gobierno extranjero, y el hecho de dar a conocer el discurso del presidente López Mateos sobre la nacionalización de la industria eléctrica, habla muy claro de la conducta de los ministros Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Laynez que están en contra de que la nación mexicana maneje, en beneficio del pueblo, ese servicio, se acredita a que nivel de corrupción se ha llegado, y esto se tolere por el gobierno, mañana el juicio será contra el presidente por no haber promovido el juicio de procedencia, contra dichos servidores de la Suprema Corte.
Además, existe el precedente de la muerte de los niños de la guardería ABC donde los ministros Aguilar y Cossio votaron en contra del proyecto del ministro Zaldívar para que no se procediera contra los responsables de esa masacre aún impune, en que se encontraban involucrados familiares del presidente Calderón y, en el caso de Atenco, también se opusieron al proyecto de Góngora Pimentel para que no se procediera contra Peña Nieto -gobernador del Estado de México, Medina Mora, procurador de la República y otros servidores públicos, cuya sentencia de la Corte Interamericana aún se cumplen las violaciones a once mujeres.
Si, como se ha visto ,que el presidente no quiere ser cómplice ni complaciente en los actos de corrupción jurídica, como el de Ayotzinapa y ha autorizado que el ejército contribuya a su esclarecimiento y al castigo de los militares, no hay razón para que si el ejército participó en ese crimen y ahora los ministros están participando en el mayor crimen como es atentar contra la economía de la nación, no hay razón ni motivo suficiente para dejar a esos togados que hagan su agosto, de ahí que urge que se abra el juicio de procedencia, lo que es legal y justo, y mediante el procedimiento que la misma Constitución señala para ese propósito, respetándoles la presunción de inocencia y el debido proceso que se les haga comparecer ante la Cámara para que se defiendan, y se apliquen las sanciones administrativas o penales que resulten por abuso de autoridad.
Ahora bien, ya se ve que no van a querer devolver lo robado de sus remuneraciones recibidas en contravención el artículo 127 constitucional, pues ahora que llegó la nueva integrante de la Judicatura Federal, llamó a la autocrítica y a destruir excesos, el ministro Laynez, que se encargó de darle la bienvenida, -fue ratificado como ministro en 2015, ya sabía de la existencia de la reforma a aquel artículo que precisa que nadie pude recibir mayor remuneración al presidente de la república-, por lo mismo defendió la necesidad de una “remuneración justa ,irrenunciable y acorde con sus responsabilidades, además exigió que ”al final del ciclo profesional y llegado el momento de retiro, no tendrán que preocuparse ni ocuparse de buscar recursos para vivir dignamente”, en consecuencia, por encima de todo la riqueza malhabida.
En tanto la integrante de este órgano de administración, vigilancia y disciplina de la Suprema Corte habla de que tal independencia no tiene como propósito erigir a los tribunales en fortalezas corporativas, inmunes a los reclamos y las demandas de la sociedad, principalmente de los grupos y sectores más vulnerables, esa independencia debe orientarse, desde sus empoderados sitiales, a la reducción de las abismales desigualdades y a la proscripción de las injusticias sociales, diferencia que denota que se darán cambios hacia al interior de ese poder, sin que se desdeñe, por supuesto, las acciones contra los traidores a la patria.
