Cada día son más periodistas rechazados
-En lo que va del sexenio se ha desechado 114 solicitudes para entrar a la protección otorgada por esa instancia
Por Ángel Álvaro Peña
La vida de un periodista pende de un hilo en México, pero las autoridades encargadas de brindarles protección son insensibles ante la muerte de los comunicadores y se dan el lujo de rechazar las peticiones de protección del Mecanismo que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población.
Durante la actual administración, 114 periodistas han sido rechazados para acceder al Mecanismo de Protección, lo cual representa 23 por ciento de las 485 solicitudes recibidas del 1 de enero de 2019 al 30 de octubre pasado.
La extraña manera de realizar la selección de los protegidos, a cargo de la Junta de Gobierno del Mecanismo que preside Enrique Irazoque, convertido en el Gran Inquisidor, hace que estos 114 sean casi el doble de los rechazados en los primeros cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando sumaron 59, de acuerdo.
La consigna de Irazoque radica en dejar cada día a más periodistas sin protección que utiliza precisamente a los guardias de seguridad como espías para informar sobre las actividades privadas de los comunicadores y basarse en los supuestos que interpretan sobre la privacidad de los mismos para quitarles el servicio con cualquier pretexto. El servicio de infiltración corre a cargo de los escoltas.
También hay quienes ya teniendo el servicio se lo arrebatan con cualquier pretexto, en nombre de la austeridad republicana, concepto que es ponderado ante el peligro de muerte de los periodistas.
De acuerdo con el marco jurídico vigente en el país, la protección de la vida de los comunicadores corresponde al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Desde su creación en 2012, durante el gobierno de Peña Nieto, el Mecanismo dejó en manos de la empresa privada RCU Sistemas S.A. de C.V., el cumplimiento de las medidas de protección para resguardar la vida de los comunicadores en riesgo de muerte. Ahora lo hace también a través de la empresa descentralizada y adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Servicio de Protección Federal, que le brinda los escoltas a los protegidos.
Según el periódico Los Angeles Times: “La empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., a través de José Luis Matouk Matuk y Raif Shahin Ishac, está relacionada con el empresario Niv Moshe Yarimy, un israelita dedicado a la venta de servicios de espionaje para el gobierno mexicano, quien a su vez es representante legal de la firma Sym Servicios Integrales S.A. de C.V., una subsidiaria de la empresa Consultoría GL & Associates Consulting, propiedad de Genaro García”.
Añade el diario estadounidense: “Con base en esas modificaciones, la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. que nació con una inversión de 50 mil pesos, desde el 2007 al 2021, en las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y lo que va de la de Andrés Manuel López Obrador, ha logrado del gobierno federal un total de 28 contratos, los que han sido por el orden de los 85 millones 455 mil 873 pesos con 89 centavos”.
Esto implica la renta y mantenimiento de Video Vigilancia Urbana y Privada profesional, de los botones de pánico, instalación y puesta en operación de sistemas de comunicación.
A los periodistas que les niega o condiciona el servicio, a cambio les obligan a cargar un botón de pánico que nada y eso son lo mismo. Según información de El Sol de México, señala que en 11 de 13 casos que se usaron, no funcionaron correctamente.
Supuestamente el botón de pánico lo otorga el Mecanismo para que se acuda de inmediato a auxiliar al periodista. Pero antes de llegar, le hablan por teléfono a la víctima para ver si está bien o se había disparado por error, asumiendo que nunca pasa nada. De este botón se han entregado 207 en este año. Una especie de juguete inservible que otorgan a quienes no les interesa proteger.
La tendencia del Mecanismo es prácticamente ser un espacio para responsabilizar de los asesinatos de los periodistas y la culpa no recaiga en niveles superiores, de otra manera tendría otro esquema de trabajo más responsable.
En este sexenio han muerto 57 periodistas, de los cuales, 12 estaban en el Mecanismo de Protección y cuatro más buscaron sin éxito ser incorporados a este sistema de protección.
Según información proporcionada por el Mecanismo, 39 por ciento de los probables agresores de periodistas en este año son servidores públicos, mientras 33 por ciento son particulares, y otro 26 por ciento no son identificados. Los datos deben hacerse públicos y abrir espacios en los medios para que quienes tengan la intención de atentar contra los comunicadores sepan que cada día será más difícil exterminarlos; sin embargo, no hay facilidades para que los comunicadores tengan armas, refugios, centros especiales de atención inmediata, o simplemente que el Mecanismo actúe como debe.
La Junta de gobierno del Mecanismo no se encarga de evaluar a los comunicadores en peligro que solicitan la protección, sino de ahorrar recursos, así no sólo rechaza las peticiones sino que se las quita a quienes ya al tienen, de tal manera que ante el peligro que implica el ejercicio de esta profesión la indiferencia prevalece ante la tragedia.
La percepción del peligro de los periodistas está basada en la insensibilidad, un ejemplo claro fue cuando cuatro periodistas fueron agredidos a balazos en Chilpancingo, Guerrero, sucedido el 28 de noviembre. Sucede que los comunicadores son candidatos a recibir el botón de pánico. Esto nos habla del regateo que hay en el Mecanismo ante la poca valoración de los miembros de su Junta de Gobierno, por la vida humana.
La obligación de mantener encendido el botón de pánico no es otra cosa que mantener el control de los periodistas para conocer su ubicación, las rutinas diarias, las personas con las que interactúa, sus rutas, etc. Todo para mantener un sistema de espionaje permanente sobre los periodistas que representan un peligro para el poder.
Así, ante el hecho el mecanismo declaró que lo sucedido a los reporteros en Chilpancingo fue una situación de “bajo riesgo”.
En Puebla, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, informa que, de enero de 2019 a junio de 2023, se presentaron 41 quejas relacionadas a la violación de derechos humanos de periodistas.
Si un periodista solicita la protección no es para ganar algo sino para no perder la vida. Una situación que les es difícil de entender a quienes tienen como prioridad el ahorro de recursos y evitar que se lleve a cabo un servicio al que los periodistas tienen derecho, porque nadie les está regalando anda sino protegiendo su derecho de realizar una profesión que es parte esencial de la democracia que dicen representar más de un funcionario público de la actual administración.
El Mecanismo depende de la Secretaría de Gobernación, que, como su nombre lo dice es una dependencia directa del Ejecutivo Federal, por lo que todo lo que se decida en esas oficinas debe tener conocimiento el Presidente de la República quien es señalado como la persona que niega protección a los comunicadores. Porque si no está informado de los anterior lo engañan y él cree en esos engaños.
El Mecanismo no puede ser una oficina de oficialía de partes ni una emisora de esquela, menos aún una agencia funeraria. Se requiere de una dinámica diferente, con decisión y no una burocrática forma de ver pasar los homicidios como si vieran cómo cae la lluvia.
