COLUMNISTAS

Retos de la política energética de México

Por Ricardo Homs

Uno de los grandes temas que se debatirán como parte de esta campaña presidencial es precisamente la política energética de México de cara al futuro.

Este gobierno, -sin sustento objetivo alguno-, y seguramente con una visión tradicionalista le está apostando a fortalecer la política energética de México sobre el petróleo y la generación de energía eléctrica obtenida de modo tradicional.

Seguramente esta visión se deriva de paradigmas históricos y emocionales que sólo tienen vigencia en la mente del presidente de la república, considerando que el petróleo se convirtió en el eje de la economía de nuestro país durante el siglo XX a partir de la expropiación petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, dándosele un significado patriótico de independencia y soberanía nacional, pues esta industria estaba en manos de compañías inglesas y norteamericanas. Lo mismo que sucedió en septiembre de 1960 cuando el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica.

Este significado patriótico, -que es una de las obsesiones del presidente López Obrador-, ha sido el detonante de la actual política energética del Estado Mexicano.

Mientras el mundo avanza hacia las energías limpias y se libra de los estragos de la polución atmosférica, -y la industria automotriz avanza hacia la conversión de los vehículos de combustión interna por motores eléctricos-, este gobierno construye una fallida refinería en Dos Bocas, Tabasco y trata de alargar la vida a una paraestatal quebrada y sin viabilidad financiera como lo es PEMEX, a un alto costo económico para nuestro país.

En contraste, la exigencia ciudadana del cierre de las refinerías de Cadereyta, Nuevo León, y Tula, Hidalgo, por el grave impacto ambiental en los centros urbanos de esos dos estados, es una tendencia que crece y se convertirá en centro de debate entre los tres candidatos presidenciales.

La política energética de México enfrenta una serie de retos y peligros que han sido objeto de debate y preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

PEMEX históricamente ha sido una empresa dominante en la extracción y producción de petróleo en México, lo que ha llevado a una fuerte dependencia del país en los combustibles fósiles. Esto representa un riesgo debido a la volatilidad de los precios del petróleo en el mercado internacional y la necesidad de diversificar las fuentes de energía.

 Tanto PEMEX como CFE han enfrentado problemas de eficiencia operativa y falta de inversión en infraestructura. La falta de modernización y actualización de las instalaciones ha llevado a una menor producción y suministro de energía, lo que afecta la competitividad y el desarrollo económico de México.

Ambas empresas han sido objeto de escándalos de corrupción y falta de transparencia en el pasado. La corrupción ha obstaculizado la eficiencia y el crecimiento de estas entidades, erosionando la confianza pública en las instituciones gubernamentales y en el sector energético en su conjunto.

En un contexto mundial de cambio climático y preocupaciones ambientales, México enfrenta la presión para realizar una transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Esto requiere una revisión de la política energética para promover el desarrollo de energías renovables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Con las reformas energéticas implementadas en México en años recientes, se han abierto oportunidades para la participación de empresas privadas en el sector energético. Sin embargo, esto también ha generado tensiones y resistencia por parte de actores gubernamentales que defienden un enfoque más centralizado y proteccionista.

En resumen, la política energética de México, con un enfoque histórico en PEMEX y CFE, enfrenta una serie de desafíos que incluyen la necesidad de diversificación, modernización, transparencia y transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Abordar estos desafíos de manera efectiva requerirá una combinación de políticas públicas, inversión en infraestructura, regulación eficaz y una mayor participación del sector privado en el mercado energético mexicano.

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