La justicia vulnerable
Se acerca la fecha de la elección de jueces y magistrados en Veracruz y sin embargo el interés ciudadano es nulo. Es una elección ajena al interés de la ciudadanía.
Ello se veía venir desde el inicio de esta farsa. El pueblo nunca le dio mucho valor a esta reforma y menos aún a esta cláusula para renovar funcionarios a través de elecciones.
Es imposible que cuando se planeó la iniciativa de ley no se considerase la posibilidad de que hubiese poca participación ciudadana, estando el antecedente de la votación para la “revocación de mandato”, que no obtuvo ni el mínimo de participación necesario para que el resultado fuese vinculante.
Sin embargo, es evidente que se sabe que la participación no será cuantiosa y por tanto la 4T podrá dar el triunfo a sus candidatos y así tomar el control de este importante Poder Judicial.
La elección judicial no es sino una maniobra de control político para eliminar barreras y estorbos. Tal parece que todo fue planeado para que haya muy escasa participación ciudadana.
El impacto de esta elección se verá reflejado en una crisis de confianza en el país.
Se percibirá en varios ámbitos, principalmente en el económico, pues los inversionistas internacionales no sentirán protegido su capital en un país donde el Estado de Derecho no está en manos de juristas formados profesionalmente a partir de una carrera judicial, sino en las de quienes llegarán a conocer el puesto ganado en las urnas. Ésto lleva implícita una curva de aprendizaje.
Es evidente que a partir de las elecciones judiciales las directrices en los juicios se derivarán, -no de argumentos jurídicos-, sino políticos, y éstas serán mandadas desde el gobierno federal, así como desde las oficinas de los gobernadores.
Veremos la fabricación de culpable en casos muy mediáticos que pongan en evidencia la eficiencia y eficacia de las fiscalías, aunque esto implique vulnerar derechos humanos básicos. Quienes saldrán perjudicados son los sectores vulnerables con incapacidad para acceder al respaldo mediático para defenderse.
Los opositores serán nulificados a partir de acusaciones judiciales que destrozarán su honorabilidad y reputación, quizá con simples delitos imputados falsamente. Aunque luego sea evidente su inocencia, se verán alejados de la actividad pública en el momento en que sean incómodos.
Los jueces estarán al servicio de las fiscalías, que siempre es la parte acusadora.
Mucha gente perderá años de su vida privada de su libertad porque su caso se volvió mediático y no es conveniente reconocer que aún no hay pistas de los culpables.
Si a esto sumamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos entregada totalmente a los intereses del Poder ejecutivo, veremos un total y profundo retroceso en esta materia.
¿Quién defenderá a los inocentes? …
¿A usted qué le parece?
