Gobierno de EU endurece el cerco bancario a inmigrantes sin estatus legal
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tomando medidas adicionales para impedir que las personas que viven en su país sin permiso de residencia utilicen el sistema bancario, al intensificar las acciones contra las instituciones financieras que les prestan dinero.
Un grupo de reguladores financieros tiene previsto emitir directrices destinadas a recordar a los bancos e instituciones financieras sus requisitos de “conozca a su cliente” en materia de gestión del riesgo crediticio, en particular en lo que se refiere a prestatarios que no están autorizados a trabajar en Estados Unidos.
La advertencia es una de varias medidas que el gobierno de Trump ha adoptado para desalentar que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal interactúen con el extenso sistema financiero estadunidense. Las medidas están diseñadas para alentar enérgicamente a los bancos a retirar a dichas personas como clientes, sin ordenar expresamente que los bancos lo hagan.
Está previsto que el anuncio lo hagan tres reguladores bancarios: la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito.
Las agencias indicaron que los bancos deberían tener en cuenta que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal podrían no poder rembolsar un préstamo en caso de deportación. En resumen, señalan, las personas que trabajan en Estados Unidos de manera ilegal representan un riesgo general para el sistema financiero.
Hay datos limitados sobre cuántas personas que están en Estados Unidos de manera ilegal tienen cuentas bancarias y préstamos a través de los bancos.
Esto ocurre como parte de la orden ejecutiva del presidente Trump firmada en mayo que exige a los bancos y a otras instituciones financieras examinar más de cerca la ciudadanía de sus clientes. Esa orden inició la ola más reciente de cambios en la regulación bancaria, al instruir a los reguladores bancarios y a oficinas del gobierno a buscar indicios de que personas sin estatus legal están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito.
Entre otras cosas, las directrices que se emitirán aconsejan a las instituciones financieras “identificar, medir, monitorear y controlar estos riesgos mediante prácticas de suscripción seguras y sólidas que evalúen la disposición y la capacidad de un prestatario para pagar conforme a los términos de la obligación crediticia”, según un comunicado de prensa.
