El mito de los litigios

 

Por Ángel Álvaro Peña

Cada vez que se anuncia un cambio, una aplicación de la ley, reforma o transformación, de inmediato surgen como hongos la advertencia de que habrá “una avalancha” de litigios. La amenaza se anuncia desde rincones de la población temerosos a la ley. Angustiados segmentos de la población que considera que todo juicio es negativo, que los jueces son nocivos y la legalidad un terreno minado.

Hablan de los litigios como si fueran una guerra donde habrá muchos muertos, o una pandemia donde la gente pudiera contagiarse de legalidad y normatividad.

Ahí vienen los litigios es como amenazar al pueblo con la frase: “Ahí viene el lobo”. Esto denota no sólo una resistencia a los cambios sino un temor profundo a ellos. Pareciera como si todo estuviera mejor sin moverse sin llevarse a los tribunales, sin cambiar un ápice una realidad de que la gran mayoría de los mexicanos estaban hartos.

Andrés Manuel López Obrador tiene una gran experiencia en este tipo de asuntos, desde los amparos que le interpusieron por la construcción del segundo piso en la ciudad de México, cuando era jefe de gobierno, hasta las que surjan de la reforma eléctrica que definió la Suprema Corte, pasando por los litigios del aeropuerto de Texcoco. Por experiencia no paramos.

La realidad es que los litigios se han convertido en un mito, porque hay muchos que se rechazan, ya sea por estar mal redactados, por no cumplir con el formato adecuado, por ser simplemente ilógicos. De los que quedan algunos se ganarán y otros se perderán, esto dependerá de la habilidad de los abogados y de la honestidad de los jueces.

Lo cierto es que no hay forma de temerle a algo inevitable, sería como tenerle miedo a la lluvia o al calor. Pero la postura conservadora, que no quiere que nada cambie, que todo quede igual o que parezca que algo cambia, aunque nada grave en realidad suceda, quieren atemorizar a la población para exhibir al gobierno como una administración de alto riesgo, como sucedió cuando advertían que de llegar Morena al poder, el dólar se dispararía, la inflación llegaría al cielo, la pobreza se incrementaría y estaríamos como en Venezuela. Nada de eso sucedió, lo que pasa es que hay mucho miedo a los cambios.

El hecho de que todo siga igual les da certeza a los inseguros, les afirma convicciones a los conservadores y les da comodidad y confort a los convencionales.

Así, los medios advierten, en espacios destacados, que los litigios mantendrán ocupados a cientos de abogados por algunos meses en problemas de la nación, de los que debemos estar enterados los mexicanos, de cuyos procesos nunca informan, pero gustan victimizarse en los procesos, los juicios, las sentencias porque no tienen la conciencia limpia.

Y así no dejan de anunciar que la Reforma Eléctrica y los cambios a la ley de la Industria Eléctrica (LIE) ocasiona una avalancha de litigios que inevitablemente llegará a instancias internacionales, pero no contentos añaden que esta situación creará incertidumbre. La pregunta es, ¿de cuándo acá la legalidad puede crear incertidumbre o frenar la inversión?

Se creen expertos quienes faltan a la lógica al afirmar que los cambios a la LIE e, incluso, las reformas a la Ley Minera aprobados por el partido del presidente y sus aliados enrarecen el ambiente en el sector, cuando todo está en manos de los abogados de las empresas extranjeras y del gobierno federal. El miedo es injustificado totalmente, pero muy anunciado. Infundir miedo fue, por muchos años, una manera de gobernar porque ahora ven en la legalidad una amenaza a sus intereses y al de sus socios y cómplices.

Muy lejanos de enrarecer el ambiente y la inversión los litigios dan certeza y las fantasías de los conservadores colocan dos frentes “de guerra” que son: el de los tribunales y el de la incertidumbre para la inversión.

La distribución de la energía eléctrica es un gran negocio, cualesquiera que sean las condiciones que los rijan, esto se demuestra en todo el mundo y lo saben todos; sin embargo, quienes enrarecen la información son un grupo reducido de medios y de personas que quieren aprovechar estos casos para desgastar al gobierno, ya que no pueden restarle fuerza con propuestas y proyectos congruentes.

La Ley de Industria Eléctrica, promulgada el 11 de agosto de 2014, durante la administración de Peña Nieto, también implicó una serie de litigios que no siempre son enfrentamientos. Pero si cambia la ley, los contratos deben adaptarse a la nueva normatividad.

Dicha ley, reformada el 9 de marzo de 2021, a iniciativa del presidente López Obrador, provocó que en los primeros 10 días se otorgaron hasta suspensiones sin que haya problemas, simplemente se regula lo que existía, pero sólo quienes quieren ver la catástrofe advierten sobre algo que no debe asustar a nadie.

Se estima que actualmente hay alrededor de 250 juicios de amparo promovidos contra esa ley, varios de ellos admitidos a trámite por los juzgados primero y segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, de esa cantidad la mitad serán sólo adaptados y el resto se gana o se pierde, pero no ahuyenta inversión ni crean incertidumbre, al contrario.

Hay más de 40,000 millones de dólares invertidos en el sector de las energías limpias a lo largo del territorio mexicano por parte de empresas extranjeras, cada una de esas demandas podrían ser por entre 500 y 2,000 millones de dólares, dependiendo de la magnitud de la planta y la inversión que han realizado.

Estas demandas golpearían a México porque tendría que pagar directamente vía la Tesorería de la federación los daños a estas empresas, en caso de perderlas, pero no es lo común, la gran mayoría termina en acuerdos.

Por otra parte, se afirma que toda reforma que inicia esta administración afecta el artículo 22 del T-MEC, cuando en realidad es producto de ese acuerdo y la ley que se cambia en México es resultado de esas pláticas con los países socios, pero quieren hacer creer que todo es un peligro para México.

PEGA Y CORRE. Como si el PAN tuviera a alguna posibilidad de ganar las elecciones en Oaxaca, ahora exige que el candidato de Morena a la gubernatura Salomón Jara, asista al debate con el resto de los candidatos una vez que se reponga de la pena de la muerte de su padre acaecida hoy domingo 24 de abril. La política carroñera del PAN sigue mostrando su más baja calidad moral…

 

Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes