Transportistas ni buenos ni malos, todo lo contrario

Por Herlindo Robles 

En días pasados el junior de Monterrey, Samuel García, vociferó y amenazó a los transportistas de manera despectiva, “estos canallas” —fue el adjetivo generalizado aplicado a los empresarios del transporte— amenazó con abrir carpetas de investigación a tres trabajadores del volante sin decir sus nombres, pero diciendo que los tiene identificados. 

Así el nivel de “control” impositivo de este incipiente gobernante burgués, que incapaz de resolver problemas en servicios, se vuelca con toda su furia contra trabajadores y empresarios del volante. 

Desde luego a la aplicación Uber, como es de “caché”, no la toca, siendo empresa gringa, tiene patente de corso, en cuanto a tarifas, como ya lo experimentamos en la Ciudad de México con la entrada de esa aplicación por negociaciones oscuras de Rufino León Tovar, el “Señor de los Uber´s” cedió el paso a la depredante competencia de la transnacional un día antes de salir de su cargo como secretario de Movilidad en la capital de la República. 

En fecha 15 de julio de 2015, fueron publicados en la Gaceta del Distrito Federal, dos Acuerdos que dieron entrada a la tramposa y explotadora empresa transnacional Uber. 

Ambos inconstitucionales, uno de rubro: 

«Acuerdo por el que se crea el registro de personas morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio público de taxi en el Distrito Federal”.

La inconstitucionalidad radica en lo previsto en el inciso a, de la cláusula primera que establece como requisito: a) Acta constitutiva de la empresa legalmente constituida para operar en los Estados Unidos Mexicanos con cláusula de admisión de extranjeros.

Este torpe funcionario del gobierno mancerista, desconoció lo previsto en el Artículo 6 constitucional que regula la inversión extranjera, y consecuentemente se considera al servicio de transporte público de pasajeros, como una actividad exclusiva de personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y para estas últimas, con la exigencia de cláusula de exclusión de extranjeros. 

Así, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, dio la estocada mortal al servicio público de transporte individual, conocido como taxi, lo que no se sabe es si fue simple ineptitud o plena corrupción. Pero al caso es lo mismo, los efectos económicos son fatales a los transportistas. 

Actualmente pocos gobiernos hacen respetar la Constitución ante el gigante extranjero, que como pulpo abarca una actividad empresarial reservada exclusivamente a los mexicanos, la razón de ello, es que el transporte público es un servicio que debe prestar el Estado, y por tanto es prioritario a la nación, o nos pasará lo mismo que con el petróleo y otras áreas estratégicas que han sido infiltradas por intereses internacionales, baste conocer la “tarifa dinámica” que resulta un robo flagrante a los ciudadanos, pero el junior de Nuevo León, ni se da por enterado que aquella región es campo fértil para enriquecer a la transnacional Uber. 

Esperemos que se restituya el imperio de la Ley y en la capital de la República la jefa de Gobierno Claudia Sheimbaum ordene una revisión de los inconstitucionales Acuerdos, para que se tenga por terminada esa plaga extranjera. 

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